Alejandro Moreno señaló que la crisis en Sinaloa impacta directamente a la población. El presidente del PRI advierte que los ciudadanos enfrentan las consecuencias.

La salida del morenista Rubén Rocha Moya marca un cambio político en Sinaloa, pero para Alejandro Moreno las consecuencias más profundas no se encuentran en el ámbito del poder, sino en la vida de la ciudadanía. El presidente nacional del PRI afirmó que los principales afectados por contextos donde existen narcopolíticos en el gobierno son las personas que viven día a día bajo condiciones de inseguridad e incertidumbre.

Alejandro Moreno explicó que cuando el poder público se ve comprometido por intereses ajenos a la legalidad, los efectos se trasladan directamente a la sociedad. Desde la reducción de oportunidades económicas hasta el aumento de riesgos personales, la población enfrenta un impacto que no siempre es visible en el debate político, pero que define su calidad de vida. En el caso de Sinaloa, señaló, esta situación fue sostenida y evidente.

El líder priista advirtió que esta dinámica genera una desigualdad profunda entre quienes toman decisiones y quienes enfrentan sus consecuencias. Mientras las estructuras de poder pueden sostenerse durante cierto tiempo, la ciudadanía es quien absorbe los efectos inmediatos de la inseguridad, la violencia y la falta de respuestas. Para Alejandro Moreno, este es uno de los aspectos más críticos del caso Rocha.

A partir de este escenario, el presidente del PRI planteó que la política debe recuperar su sentido de responsabilidad pública. No puede existir un sistema donde los costos recaigan únicamente en la sociedad, mientras las decisiones se toman sin consecuencias inmediatas. En ese sentido, insistió en que la presencia de narcopolíticos agrava esta desconexión.

Finalmente, Alejandro Moreno concluyó que la reconstrucción de la confianza requiere reconocer quién ha pagado el precio de estas decisiones. La ciudadanía, afirmó, debe estar en el centro de cualquier estrategia que busque restablecer la seguridad y la legalidad, evitando que casos como el de Rocha Moya se repitan en el futuro.

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